Menu
RSS

“Trabajaremos para nunca más la obra pública, sea sinónimo de corrupción”

“Trabajaremos para nunca más la obra pública, sea sinónimo de corrupción”

Esta frase recurrentemente pronunciada por el Presidente Mauricio Macri, se transformó en una de las principales banderas de su gestión, ante las irregularidades cometidas por ex funcionarios de la cartera del Ministerio de Planificación Federal del gobierno anterior, que llegó a su punto culmine, con el escándalo de los bolsos de López.

Sin embargo, más allá de las intenciones, palabras y frases pronunciadas, el Gobierno Nacional sin ningún titubeo y en un claro choque de intereses, le ha adjudicado obras multimillonarias a la empresa IECSA, que hasta el año 2007 pertenecía al Presidente y actualmente es de propiedad de su primo hermano, Ángelo Calcaterra, quien aparece en diversos negocios, vinculado al empresario santacruceño Lázaro Báez.
Jujuy no se mantuvo ajeno a esta situación. El gobierno de Gerardo Morales, también encontró en la Obra Pública, una herramienta ideal para cruzar diversas acusaciones y denuncias de corrupción en contra de funcionarios del gobierno anterior y principalmente en contra de Milagro Sala, quien en poco tiempo cumplirá un año tras las rejas, constituyendo esto último, el logro de gestión más importante del gobierno de Morales.
Con todos estos antecedentes, resulta lógico pensar que en Jujuy, era necesario cambiar los paradigmas de control de la Obra Pública, generando las condiciones para que existan mayores controles y mayor transparencia, lo cual es en definitiva, lo que se viene pregonando desde el gobierno provincial y nacional. Pero sin embargo, esto no sucedió en los hechos.
Para muestra basta solo un botón.
La modificación de la Ley de Obras Públicas, recientemente sancionada, eliminó el procedimiento de Licitación Pública para la adjudicación de variados tipos de obras de gran envergadura, bajo el argumento de que la licitación pública, constituye un procedimiento burocrático que impide darle una “respuesta rápida” a los problemas de los sectores más vulnerables.
De esta forma, eliminando el procedimiento de la licitación pública para la adjudicación de obras, nace una nueva modalidad de adjudicación, el “procedimiento de selección a dedo”, que resulta ser mucho más rápido que el anterior, y donde el Estado, puede elegir de forma privada y unilateral, a que amigos adjudicará o beneficiará con dichas obras.
Esta situación, sumada a la modificación por vía de decreto, de los topes máximos para realizar “contrataciones directas” –cabe recordar que se paso de un tope máximo de 1.000.000 a 5.200.000 de pesos- generan un procedimiento que se transforma en un combo ideal para los empresarios amigos del poder, que ya está empezando a mostrar sus primeros frutos.
Así, en las obras que se están llevando a cabo para ampliar la capacidad de conexión con la Ruta 9, con el puente que se está construyendo sobre el Rio Grande, se llevó a cabo en el Expte. 600-418/2016, un concurso privado de precios –procedimiento en el cual, el Estado elige a quienes invitará a concursar- y en donde sugerentemente, solo se curso invitación a dos empresas, adjudicándosele la obra finalmente a la firma “Fortaleza Arquitectura & Construcción” mediante Resolución N°481-ISPTyV, empresa esta última, que ya suma una importante cantidad de obras adjudicadas bajo esta cuestionada modalidad.
Otras de las empresas que se ha visto beneficiada por la selección a dedo y ampliación de los topes dentro de los cuales se permite la contratación directa, ha sido la firma “CONSAR S.A.”, vinculada a personas muy allegadas al empresario y Diputado Pedro Segura, firma que aparece como adjudicataria de los trabajos de hábitat que se realizarán en las 150 hectáreas de Alto Comedero, lugar donde en principio existía un Abordaje Integral del Hábitat que poco a poco fue mutando en pequeñas, descoordinadas y desconectadas licitaciones de obras, donde desde el Ministerio de Infraestructura, se viene eligiendo a dedo, a los beneficiarios de dichas obras, cuidando celosamente y solicitando a los mismos, que sus ofertas no superen el tope de $ 5.200.000, para poder de esta forma, seguir beneficiando a firmas vinculadas a referentes de la concertación gobernante.
Con este nuevo modus operandi y con reglas poco claras, que flexibilizan el control y el proceso de adjudicación de obras millonarias, estamos ante el nacimiento de quizás las más grande contradicción del Gobierno de Gerardo Morales, que ha montado sus estandartes sobre la lucha de la corrupción, pero que a la vez y ayudado por las sombras del cepo mediático que actualmente lo protege, a diagramado un sistema de otorgamiento de obras a medida, destinado a saldar promesas de campaña y a beneficiar a un reducido círculo de empresarios “amigos”, todo bajo un delgado manto de legalidad que esconde por debajo las mismas prácticas corruptas que dice combatir.
Los beneficios de la contratación directa, han llegado a límites impensados, del cual ni siquiera la recientemente conocida y repudiada compra del “equipo matero” para uso personal del Ministro de Infraestructura, ha logrado escapar, ya que dicho equipo matero, se habría comprado en un bazar de propiedad de un conocido dirigente oficialista, que posee un apellido con amplia trayectoria dentro de la Unión Cívica Familiar… 

volver arriba